Las leyes deben garantizar la dignidad humana, según la Santa Sede

Intervención de monseñor Celestino Migliore ante la ONU

NUEVA YORK, martes 21 de octubre de 2008 (ZENIT.org).-

El imperio de la ley se ha convertido en un instrumento fundamental de equilibrio mundial para evitar el predominio del uso de la fuerza, pero será insuficiente si no es capaz de proteger la dignidad de la persona humana.

Así lo afirmó el Observador Permanente de la Santa Sede ante a ONU, monseñor Celestino Migliore, en una intervención el pasado 14 de octubre ante la 6ª comisión de las Naciones Unidas, y cuyo contenido hizo público ayer el Vaticano.

Monseñor Migliore admitió que el imperio de la ley “ha crecido en importancia como un pilar vital” para el desarrollo y la paz mundial, pues es el “instrumento indispensable” para proteger la dignidad humana.

Sin embargo, advirtió, “en el presente contexto cultural, en que la ley se percibe más bien como el respecto a procedimientos formales en lugar de en términos sustantivos, el imperio de la ley podría ser insuficiente por sí solo para defender la dignidad de la persona humana”.

Los derechos de las personas, afirmó monseñor Migliore, “no son simplemente una colección de normal legales sino que representan, por encima de todo, valores fundamentales”, que deben ser “apoyados por la sociedad, si no quieren correr el riesgo de desaparecer de los textos legales”.

La dignidad de la persona humana, explicó, “debe ser salvaguardada en la cultura, en la mentalidad pública y en la conducta de la sociedad, como una condición previa y en orden de ser protegida por la ley”.

Con todo, monseñor Migliore explicó que, aunque la ley no sea suficiente por sí misma, sigue siendo ese “instrumento indispensable” previsto por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que asigna a los Estados “la tarea de permitir y facilitar la realización de los fines trascendentales a los que las personas están destinadas”.

La ley, es un “componente vital” que permite a los Estados proteger a sus poblaciones “del genocidio, los crímenes de guerra, la limpieza étnica y los crímenes contra la humanidad”, explicó el prelado, e incluso permite “a la comunidad internacional intervenir cuando un Estado no puede o no quiere ejercer esta responsabilidad”.

Sin embargo, subrayó que esta capacidad de intervenir no debe entenderse sólo en el plano militar por parte del Consejo de Seguridad, sino también como cooperación. “La construcción de estructuras legales nacionales ayudarán a los estados a advertir la comisión de atrocidades, estableciendo mecanismos para promover la justicia y la paz”, explicó.

Además, este imperio de la ley entendido como cooperación podría ayudar, en la actual crisis económica, “a promover un desarrollo económico limpio y estable”.

“En los países en vías de desarrollo, el imperio de la ley puede ayudar al crecimiento económico y social como en los países desarrollados, a través de regulaciones justas que aseguren la estabilidad económica y la imparcialidad”, concluyó.

[Por Inma Álvarez]